LA INEFICACIA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO ANTE CUESTIONES DE GÉNERO

• Testimonio

El 26 de agosto de 2016, Viviana (45 años, Barrio Sgto. Cabral) se despertó aterrorizada  antes del amanecer. Su ex esposo había entrado “clandestinamente” en su habitación. Algunas horas después la policía la encontró muerta sobre la cama con un cinturón de bata alrededor del cuello. Según la autopsia, la causa de la muerte fue asfixia.  El 31 de marzo de 2017, Carmen (27 años, Barrio Barranquitas) fue quemada por su compañero. Con el 90 % del cuerpo afectado, murió ocho días después en el Hospital J. M. Cullen. En uno y otro caso, las personas cercanas mencionaron situaciones de violencia previas, denuncias o de silencios vergonzosos. Aunque de estratos sociales, edades y nivel de educación diferentes, estas dos mujeres resultaron unidas por el padecimiento de la violencia en manos de quienes fueran sus parejas y por una palabra que marca el fin de sus vidas y que en los últimos años ha tomado particular notoriedad: el FEMICIDIO.

La violencia de género y  cada fibra que compone la misma,  muestra índices de crecimiento. Según datos de Indesomujer^[1]  en Argentina cada día y medio, una mujer muere víctima de violencia de género. Los índices  correspondientes al primer semestre 2013 (131) superan en doce casos al registro de similar período en 2012 (119). Las mismas estadísticas ubican actualmente a la provincia de Santa Fe en un segundo lugar a nivel nacional. El año pasado, según el informe presentado por el diputado Leandro Bussato, con relevamiento  de Nicolás Lovaisa y Mercedes Ramírez, en la provincia   se registraron,  entre 2001 y 2017,  cuarenta y nueve femicidios. Lo que indicaría que en diecisiete años hubo un femicidio por trimestre, verificados en  La Capital.

En medio de discusiones semánticas  sobre la mayor o menor amplitud del término y su relación (y diferenciación) con el feminicidio, una de las especialistas entrevistadas  afirma que “Hay amplia coincidencia  en cuanto a delimitar el concepto de Femicidio a la muerte de mujeres (por el hecho principal de serlo) en manos de hombres cercanos afectivamente, en general, parejas y ex parejas”  Daniela Deicas de Genérica^[2].

En Rosario  un caso  que resonó en 2010, fue el de Vanesa Celma (27 años, Barrio Ludueña), tenía un hijo, estaba embarazada de ocho meses; ambas criaturas producto de la relación con su marido. Ella sabía, desde hace unos meses que, Omar Díaz, mantenía una relación paralela. 

En la noche del 29 de junio, y después de dos días de ausencia él regresó a la casa que compartían, allí comenzaron a discutir y su hijo, de cinco años al escuchar la situación y ver lo que ocurría, salió desesperado a pedirle ayuda a los vecinos al grito desgarrador de “mamá se está prendiendo fuego”. Al día siguiente, a Vanesa le hicieron una cesárea de urgencia en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, y así nació su hija. 

Vanesa, estuvo internada durante cuatro meses, pasando por terapia intensiva y luego siendo derivada al área de Quemados del HECA. Allí y en reiteradas ocasiones, suplicaba que no la dejaran sola, porque tenía miedo. Hasta que un día, aterrorizada, Vanesa habló con una enfermera y le contó lo ocurrido.
Luego de un largo proceso de recuperación, a Vanesa le dieron el alta a fines de octubre, pero una semana después tuvieron que volver a internarla, por un cuadro de deshidratación, y finalmente, el 22 de noviembre murió.

Durante años la causa estuvo caratulada como “incendio”, desconociendo que se estaba ante un caso de violencia de género. La APDH^[3] se hizo cargo de la misma, después de cinco años, sin tener imputados y en ese transcurso, la causa pasó por las carátulas de: “Tentativa de homicidio”, “Incendio” e “Incendio seguido de muerte”. Después de ocho años, la causa de Vanesa Celma, aún no tiene imputados.

La APDH Rosario, que representa a los familiares de Vanesa, acusa a tres policías por pérdida de prueba, incumplimientos de deberes de funcionario públicos y otras imputaciones y además sostienen: “Vanesa Celma sufre todo tipo de violencia institucional, dada la torpeza y negligencia con que se manejó toda la situación”. En este sentido denuncian que "Para el Estado Vanesa murió por amor” según consta en expediente, dicho por la profesional de la salud (psicóloga) que la atendió, al lugar donde, la derivaron con terribles quemaduras.
La APDH sostiene que Vanesa Celma en su corta vida sólo conoció al Estado a través de la violencia institucional, “cuando no fue protegida por el personal que la asistió por violencia de género en las instituciones de salud, policial y judicial”

• Un tema serio y arraigado

Carina Depaoli, Coordinadora de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Municipalidad de Santo Tome, al momento de analizar el femicidio destaca  la complejidad de la temática y pone un concepto en el centro del análisis socio-cultural de la problemática. “Hay un contexto que lleva siglos de desarrollo y es el Patriarcado, que coloca a las mujeres en una posición de subordinación con respecto al varón. Una posición desigual que hace que el varón se sienta dueño de la mujer.  Y si bien se han transformado muchas cosas y logrado grandes avances, en lo cotidiano y a veces de forma muy sutil, este sentido de propiedad sigue vivo y jugándose en las relaciones de pareja”. Una vez destacado que la mayoría de los femicidios son cometidos por las parejas y ex parejas de las víctimas, generalmente en situaciones de separación en curso o próxima,  Depaoli afirma: “Mi análisis principal pasa por lo cultural, y por este implícito de la mujer como objeto de propiedad del varón, quien frente a la posibilidad de un abandono o pérdida de la posición dominante, decide llevar al extremo su superioridad y la mata”

Consultada sobre las políticas implementadas, Carina Depaoli afirma que desde el área que coordina, el cual tiene un año y medio de vida, se trabaja en dos líneas principales: “Una es la asistencia directa a víctimas de violencia familiar en articulación con la Comisaría de la Mujer, las comisarías comunes, el SAMCO, los CAPS, el Equipo Interdisciplinario de la Dirección Provincial de Políticas de Género, los Tribunales de Familia y la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. La otra línea es de prevención y sensibilización con campañas mediáticas, talleres en barrios, charlas en escuelas, etc”. Existen, además, proyectos en análisis y lo que podría ser una tercera –y compleja – línea que consiste en “el intento de transversalizar al municipio de Santo Tomé con una perspectiva de género que permita poder evaluar el impacto de las políticas públicas en varones y mujeres a fin de intentar  una igualdad de oportunidades para ambos".

• Femicidios en datos 

La Organización de las Naciones Unidas alertó en abril de 2016, que 14 de los 25 países del mundo, que tienen las tasas más altas de femicidios, se encuentran en Latinoamérica. Desde 2012 la (CIM)^[4] advertía que en América Latina, estos crímenes alcanzaban “niveles cercanos a los de la pandemia”. Este centro en 2016 creó un Observatorio de Femicidios, y en él se plasman, dos informes. Uno de ellos correspondiente al primer año en el que actuó el observatorio, y el segundo corresponde al año que estamos transitando.

El informe del año 2017, que detalla el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre, establece la cantidad de 292 femicidios ocurridos en nuestro país. Sobre la edad de las víctimas, manifiesta que comprenden entre menores de 18 y mayores de 50 años de edad, aunque los porcentajes demuestran que el mayor rango etario de las víctimas comprende el lapso de 19 a 50 años.

Además en el informe se releva que dentro del nivel socioeconómico de las 292 víctimas, prevalece el nivel bajo.

El informe también muestra cual es la modalidad de asesinato y en ellas prevalece la utilización de armas de fuego y de arma blanca (apuñalamiento). Aunque también menciona un leve ascenso de otras modalidades como la estrangulación, los golpes y las quemaduras, demostrando la saña con la que se manejan los homicidas.

Dentro de los datos de provincias con mayor prevalencia de femicidios, se obtuvo como resultado que Buenos Aires es la provincia donde se produjeron mayor cantidad de casos, con un total de 119. Le siguen las provincias de Córdoba con 26 casos; el tercer lugar lo comparten Salta y Santa Fe con 24 casos y en cuarto lugar, está Santiago del Estero con 19. Y existen dos provincias donde no se registraron casos: La Pampa y Río Negro

En el informe de 2018, que es parcial, porque solo se aboca al primer semestre dando comienzo el 1 de enero y terminándolo en junio; se da como resultado la verificación de 139 víctimas de femicidio.

• Medidas paliativas

El municipio Rosarino  lleva adelante políticas públicas con perspectiva de género desde hace 30 años, y a su vez, fue el primer municipio en implementar una línea telefónica de atención a las víctimas en violencia de género como política de Estado, dentro del país.

La Municipalidad de Rosario implementó en 2012 el Teléfono Verde como respuesta a la gran demanda de las víctimas de violencia de género. Según las cifras oficiales, a través del mismo el municipio asiste por mes más de 300 casos. 

Según el mismo ente, este teléfono es atendido por profesionales especializadas, llámeseles: psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas; y ofrece un espacio de escucha, orientación y contención, efectuando una primera evaluación de la situación planteada y sus posibles riesgos. En situaciones de violencia crítica, las víctimas que no cuentan con una red social y/o familiar de apoyo pueden resguardarse en Centros de Protección, donde se realizan abordajes integrales de todo el grupo familiar y se trabaja para la recuperación de la integridad física y psíquica de la mujer y sus hijos, restituyendo los derechos vulnerados.

Carina Depaoli entiende que tal tarea provincial presenta logros importantes como así también puntos a fortalecer. Con la convicción de que se trata de una tarea compleja y una ardua lucha frente a siglos de patriarcado y machismo, la funcionaria consultada destaca también los inconvenientes en el accionar judicial “que en un 95% no acompaña con medidas que protejan a las víctimas”, la policía que muchas veces no comprende la complejidad que se esconde detrás de una denuncia, los empleadores que descuentan días de trabajo “aunque las mujeres digan que les pegaron y tienen que ir a hacer la denuncia” y la sociedad que no suele intervenir en lo que considera cuestiones domésticas. “Creo que es una temática que requiere de todos y no sólo del accionar del Estado”, de esta manera Depaoli, les atribuye un carácter de oportunismo político en tiempos de proceso electoral. En cuanto a la declaración legislativa de emergencia en la materia, no la creería necesaria si no hubiera recortes presupuestarios que afectan el tratamiento y abordaje de la problemática. En este contexto real, despojado de lo que debiera ser, la entrevistada la considera interesante en cuanto “habilita presupuesto para acciones concretas y facilita aplicaciones que en otros momentos fueron impedidas o cuestionadas por muchos de quienes hoy ocupan bancas” En ese sentido, y sin obviar la crítica a la postura de la oposición, concluye “Bienvenida sea esa ley, si va a permitir hacer”.

Mucho tuvo que ver en las medidas que se fueron tomando, los diferentes presupuestos que se fueron gestando año a año para nuestro país, y aún más importante, cuando de ese presupuesto total estaba destinado a cuestiones de género. 

Si hacemos un recuento de los últimos años, tomando como lapso la gestión del actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, podemos apreciar los siguientes datos. En su primer año de mandato el presupuesto destinado a género era de unos $16 millones, mientras que el de 2017 incrementó a $163 millones para finalmente en 2018 alzarse a $249 millones.

Ahora el Gobierno Nacional destinará en el Presupuesto 2019 la suma de $ 234,3 millones al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), organismo encargado de la aplicación de la Ley 26.485, es decir, tan sólo $11,36 por mujer. Dicho presupuesto, con la inflación proyectada, implica una retracción del 18% con respecto al  asignado en 2018.

• Conclusión

La violencia de género, entendida como aquella que sufren las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, está enmarcada en la cultura patriarcal que la legítima, naturaliza y tolera. Y a ello se le suman las grandes falencias que el Estado tiene para con ellas.

Un Estado que no interpreta que la situación los ha desbordado y que además, atraviesa en todos sus sentidos a una sociedad, en la que cada 28 horas muere una mujer en manos de su sexo opuesto; es también una manera de sumarse a los causantes y desencadenantes, de los grandes números de femicidios que se registran en Argentina. Un Estado que no actúa, que es indiferente y que año a año, atrasa en las medidas que toma en cuanto a las problemáticas, es un Estado cómplice.

Los salvavidas que se han tomado, a las claras están, no han surgido efecto.
Las mujeres siguen muriendo en mano de sus homicidas sin que el Estado intervenga. Las mujeres no denuncian, porque tienen miedo o porque cuando se llegan a las instituciones que tienen que brindarles protección y contención, encuentran peor desamparo y desesperación de aquella de la que huían. El último método de salvataje implementado, fue la Ley Brisa^[5], que si bien es un método que ayuda a quienes quedaron en el despojo total, luego de la muerte de sus madres, claramente, no remienda el hecho consumado.

Cejas, Leonardo

Fraysse, Karen

Postítulo UNR - 2018

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^[1] Indeso Mujer: Asociación civil sin fines de lucro, fundada en Rosario en 1984. Trabaja por la eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, y el reconocimiento de sus derechos.

^[2] Genérica : Blog dedicato a políticas de género

^[3] APH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

^[4]  CIM Comisión Interamericana de Mujeres

^[5] Ley Brisa  Ley 27.452 de Régimen de Reparación Económica, para niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de homicidios agravados por el vínculo (Femicidios)