Niñez en Santa Fe: Irregularidades, precarización laboral y un presupuesto escaso.
 |
| Imágen extraída de Unicef |
Los primeros días de noviembre de 2016, una “torpeza” policial desnudó una serie de
problemas e irregularidades en la secretaría de niñez. Dos adolescentes institucionalizados que
se presentaron a retirar vales de comida, en la sede rosarina de la Dirección Provincial de
Niñez, Adolescencia y Familia – Ricardone al 1300 – fueron agredidos por fuerzas policiales.
Tanto los acompañantes personalizados que presenciaron la situación, como los mismos
empleados de la Dirección intentaron saltar en defensa de los detenidos, en un disturbio que
terminó con varios detenidos.
El incidente fue la chispa que generó el incendio. A partir de allí, comenzaría una serie de
reclamos por parte de los acompañantes, cómo un acampe de 48 horas frente a niñez, que
pusieron en debate un cúmulo de irregularidades laborales como la precarización laboral, la
existencia de convenios con hostel y lugares de alojamiento privados sospechados de maltrato,
y la visibilización del poco presupuesto asignado a Desarrollo Social.
Acompañantes Personalizados: una historia de precarización
Desde el año 2007, la Dirección Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia cuenta con el
programa de Acompañantes Personalizados. Estos son profesionales que atienden las
necesidades de los niños, adolescentes y familias cuyos derechos fueron vulnerados.
Ante un caso, se ponen a disposición los equipos de la Subsecretaría de niñez que trabajan en
diferentes territorios y consideran, por el momento, la necesidad de incorporar al
acompañante como parte de una estrategia de intervención.
En la ciudad de Rosario el programa cuenta 350 acompañantes que trabajan sin contrato
laboral cobrando unos 98 pesos por hora. Además, deben pagar sus propios viáticos y los de
los jóvenes a los que brindan su ayuda. Su situación es grave y, por lo tanto incide
directamente en la situación de los chicos.
“Ante la urgencia de cada caso es difícil de poder cumplir a la perfección el programa. Se
trabaja administrativamente, lo que es triste porque es un niño, no un objeto”, explicó
Mariana, quien se desenvuelve como AP. Según su testimonio, hay muchísimas
irregularidades: desde el momento en que se contratan acompañantes, hasta el trabajo que
pueden realizar teniendo en cuenta la baja inversión que realiza el Estado y el Gobierno
Provincial con respecto a la Dirección de Niñez.
“El ministerio de trabajo social siempre fue el más pobre. El presupuesto que ingresa está mal
manejado o bien existen intereses diferentes a los de una política pública real. Se termina
haciendo convenios privados, con instituciones evangélicas y católicas, clínicas privadas,
manicomios y demás. Lo más triste de todo es que el Estado lo sabe y lo acepta”, denunció.
Además, los propios acompañantes cuestionan el método de ingreso al programa de AP. No se
requiere ningún tipo de capacitación previa ni evaluaciones correspondientes. Lo que genera
que muchos trabajadores tomen la labor del acompañante como “un trabajo transitorio” y no
se logre generar una conciencia colectiva del trabajo que implica ser acompañante
personalizado. “El AP es la herramienta principal, porque es quien logra hacer el lazo con el
sujeto niño. No podemos olvidarnos de que el niño sufrió una vulneración de sus derechos por
parte de un adulto, por lo que es difícil para él relacionarse con la gente mayor”, relató la
mujer.
A los acompañantes se suman las guardias. A diferencia de los primeros, quienes ejercen esta
labor tienen horarios fijos mensuales. Existen tres franjas horarias: un turno a las seis de la
mañana, otro a las seis de la tarde y otro a la medianoche. Los guardias, están designados para
tomar los casos cuando aparecen sorpresivamente. “Nosotros trabajamos 12 horas,
dependiendo del día. Es como trabajar en catering, te llaman y te toca trabajar. Por ejemplo,
puede ocurrir que te llaman por un niño que está internado en un hospital y tenés que cubrir,
de pronto, un turno de 24 horas, porque tiene que existir la presencia constante de un adulto”,
aclaró Mariana.
Tampoco están claros los criterios de selección para la asignación de trabajos a cada
acompañante. Según explican, para los acompañantes “no hay asignación de horas sino de
situaciones”. Es decir, se elige un acompañante con el perfil o las características necesarias
para abordar los casos que se van presentando. Con lo cual, pueden pasar varios meses sin que
un acompañante sea elegido, o lo contrario, que unos pocos aborden siempre los casos.
En ese sentido, se generaron algunas situaciones irregulares. Luego del conflicto de 2016,
donde los acompañantes lograron unirse y llevar adelante un acampe de 48 horas para
visibilizar la situación, algunos trabajadores denuncian que por varios meses no le asignaron
ningún caso: “Yo estuve tres meses sin trabajo, sin horas. Tres meses. Tuve que volver muy
suave con el programa de acompañantes”, explica una trabajadora. “Algunos estamos
marcados. Saben que no quieren que estemos porque somos los molestos, somos los que
salimos a denunciar”.
Como comentábamos al principio, ni los AP ni quienes cubren las guardias tienen contrato, así
trabajen desde hace más de cinco años, se encuentran en negro. Para cobrar, deben
presentarse en el Banco de Santa Fe con una planilla donde figuran las horas cubiertas. Estos
papeles se presentan del 1 al 5 y recién les depositan el 20. “La lucha por regularizar la
situación es histórica, pero la respuesta es política”, expresó Emiliano, quien trabaja en la
guardia. “Mirá si el gobernador no va a saber que tiene 350 acompañantes y guardias
precarizados”, agregó.
“Tratamos de salir a la calle, hacer cartas y reclamos, pero no hay diálogo. Cuando hacemos
las paritarias, el Consejo Directivo Provincial y los representantes de los gremios, nunca
discuten la situación laboral de los AP. Es más, ambos afirmaron que les están debiendo un 8%
de la recomposición salarial desde el 2016, con respecto a la inflación, y la cláusula gatillo”,
agregó Mariana.
Las sucesivas denuncias de 2016, y la gran visibilidad que tomó la situación, generaron la
renuncia del Subsecretario de Derechos de Niñez, Horacio Coutaz y el ingreso en su lugar d
Andrea Travaini, directora del Instituto Municipal de la Mujer. Además, asumió como
directora del área de Rosario, Claudia Aguilera.
Sin embargo, la situación no ha cambiado. Es más, según Mariana empeoró. Entre las tantas
deficiencias que aún existen en Niñez, se suma el hecho de que ya no se realizan
capacitaciones a los AP cada seis meses y ya no cuentan con la atención personalizada de
psicólogos. “Los psicólogos significan un sostén para nosotros porque imaginate lo que nos
toca ver. ¡Son barbaridades! Yo te puedo contar casos tristísimos. La cantidad de casos sin
resolver por parte de la Justicia, hay muchísimos abusos y los violadores siguen sueltos en el
barrio. ¡Son cosas terribles! Hay casos tan terribles, que todos dicen: soñá pibe. Y… ¿¡que van
a soñar con todas las situaciones que viven!? Nada se soluciona si no hay un acompañamiento
un trabajo humanitario”, cerró Mariana.
Incumplimiento de la ley de niñez
2009 por la adhesión de Santa Fe a la ley nacional. La ley 12967 de Promoción y Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (1), pondera el resguardo de los
derechos y garantías a la población menor a 18 años. Por tal, en caso que se produzca una
vulneración de derechos, el Estado por medio de la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y
Familia es quien debe actuar.
Existen dos tipos de medidas cuando se produce la vulneración de un derecho: medidas
integrales y excepcionales. Las medidas de protección integral son aquellas que se aplican
“ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de una o varias niñas, niños o
adolescentes individualmente considerados, para preservar o restituir a los mismos el goce y
ejercicio de los derechos amenazados o vulnerados o la reparación de sus consecuencias”. Es
decir, el equipo trabaja, apoya y acompaña para que se revierta esa situación de vulneración.
Las medidas integrales en ningún caso generan la separación de la familia nuclear, ampliada o
con quienes el niño, niña o adolescente mantenga lazos afectivos. En caso de que aquellas
situaciones impliquen una amenaza o vulneración de sus derechos, deben adoptarse medidas
de protección excepcional.
Las medidas de protección excepcional, son definidas legalmente como “medidas subsidiarias
y temporales que importan la privación de la niña, niño o adolescente del medio familiar o de
su centro de vida en el que se encuentra cuando el interés superior de éstos así lo requiera”.
En este sentido, sí se retira al niño del entorno familiar y pasa a estar a cargo del Estado.
Pero las medidas excepcionales son el último recurso que prevé el Estado. La ley apuesta a la
prevención para tratar de evitar que se genere la vulneración de derechos. Para eso, crea los
Servicios Locales de Promoción y Protección y los Centros de Acción Familiar, que constituyen
el primer nivel de intervención. Los mismos deben contar con equipos profesionales
interdisciplinarios que se encarguen de adoptar y aplicar las medidas de protección integral
desempeñando las funciones de facilitar que las niñas, niños o adolescentes violados de sus
derechos puedan acceder a programas y planes disponibles en su comunidad. Son los primeros
que deben actuar y conforman la pata territorial de la ley. Sin embargo, recién en 2018 se
avanzó con la creación del Servicio Local en Rosario: una de las partes más importantes de la
ley, tardó diez años en implementarse.
Otro de los grandes avances de la ley, es el cambio de paradigma en cuanto al reconocimiento
del niño. Anteriormente, bajo la ley 10.903 de Patronato de Menores, el niño era considerado
como un objeto en poder del padre, donde ni siquiera se contemplaba la figura de la madre. A
partir de la ley “cambia el paradigma y ven al niño sujeto”, y a éste último comienza a tener
poder de decisión, explica Mariana.
En palabras de la secretaria general de la Escuela de la Magistratura de Salta, Dra. Claudina
Xamena (2) “ la ley 26.061 puso fin al patronato de menores, en el orden nacional y provincial,
al derogar la ley 10.903 que imponía en cabeza de los jueces la protección de los menores,
atendiendo a su salud, seguridad, educación moral e intelectual del menor, proveyendo a su
tutela.” Bajo esta legislación, los niños quedaban bajo la tutela del juez de familia, quien era el
encargado de velar por su integral protección. A partir de la nueva ley, se generan distintas
instituciones y niveles para que el niño también pueda decidir.
Análisis presupuestario
Esta semana el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, en conjunto con el ministro de
Reforma de Estado, Pablo Farías, presentaron el proyecto de presupuesto 2019 que será
debatido en la legislatura, en las sesiones que restan del año.
El presupuesto está caracterizado por los recortes anunciados desde Nación, y la nula
intención por parte del gobierno de Mauricio Macri de comenzar a pagar la histórica deuda
con la provincia. “Como esa deuda no aparece en el presupuesto nacional, nosotros no
podemos incluirlo, ni siquiera como un recurso para el año 2019, y esto realmente nos
preocupa”, expresó Farías.
No obstante, frente a ese contexto adverso, los ministros remarcaron que, a diferencia de lo
que sucede a nivel nacional, el presupuesto santafesino sigue apostando a la obra pública y
refuerza las partidas que tocan las áreas más sensibles. En ese sentido, se destacaron las
partidas asignadas a Educación y Seguridad como las más beneficiadas, siguiéndoles Salud y
Desarrollo Social en orden de jerarquía.
Si bien aún los datos no se hicieron públicos, desde el gobierno provincial aseguran un fuerte
respaldo – en un contexto de crisis – para Desarrollo Social. Analicemos cómo fue la evolución
de este ministerio desde 2015 y su comparación con otras áreas.
Según los distintos presupuestos que se encuentran en la página oficial del gobierno (3), de
2016 a 2017 hubo un fuerte aumento en Desarrollo Social de casi 10 puntos. Sin embargo, de
2017 a 2018, el crecimiento porcentual experimentó una caída de casi 20%. Siguiendo el
presupuesto plurianual de 2018 la partida no experimentaría subidas sustanciales durante los
próximos dos años: 7% y 9% respectivamente.
(*) Presupuesto Plurianual establecido por ley 25.917 Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal que adhirió Santa Fe por Ley 12.402
Algo que reclaman tanto los Acompañantes Personalizados, como también distintos
legisladores y dirigentes políticos es la poca participación que significa lo asignado a Desarrollo
Social en comparación con el Gasto total. En 2018 representó tan sólo el 1,44%, y eso no es
todo: desde 2015 la participación fue disminuyendo un 0,11%.
Ahora, si bien las partidas evolucionan año a año de manera nominal, en muchos casos
terminan perdiendo en términos reales contra la inflación. Es la discusión que muchos gremios
ponen sobre la mesa a la hora de discutir paritarias. Por eso, si llevamos el presupuesto 2018 a
pesos del año 2015 – ver anexo – vemos que en términos reales, hay una diferencia de más del
50% entre lo asignado nominalmente, y el valor calculado en moneda de 2015 (Según IPC
santafesino) (4).
Una particularidad se destaca cuando se ve lo destinado a Desarrollo Social en comparación
con el dinero asignado a los poderes del Estado. Mientras que a Desarrollo Social se le
asignaron $2.772.068.000 en 2018, para el funcionamiento de ambas cámaras de la legislatura
se destinaron $3.203.740.000: $431.672.000 más. La diferencia es tres veces lo asignado a
Ciencia y Tecnología, y el doble de lo destinado a Medio Ambiente.
La situación se agudiza si contrastamos esos números con los del Poder Judicial. Unos
$6.883.481.000 se destinaran al funcionamiento de la justicia; $4.111.413.000 más que
Desarrollo Social. Abismal diferencia.
En comparación con las áreas que destacaban los ministros Saglione y Farías – Seguridad y
Educación –, Desarrollo Social queda bastante relegada. Vale la aclaración de que la apuesta –
al menos presupuestaria – por parte del gobierno socialista en lo que refiere a Educación, es
destacable.
*Para consultar las fuentes estadísticas revisar anexo*
Lugares de acogida: malas condiciones y niños en hostels privados
El colapso en el área de niñez es de tal magnitud que el gobierno comenzó a realizar convenios
con privados para poder albergar a los jóvenes. La situación, en un comienzo paliativa, nunca
se terminó de resolver, según denuncian los trabajadores.
Mariana explicó que los hogares del estado son muy pocos y el resto está tercerizado, “son
privados y casi vienen de una pata de la iglesia”. Ese es el caso de la “Fundación Crea”, una
ONG de carácter privado que pertenece a la Iglesia Evangélica, y sólo trabaja con niñas.
Pudimos hablar con una de las colaboradoras, Micaela Martino, que allí trabaja y nos contó un
poco más sobre sus tareas.
Micaela trabaja unas 71 horas semanales y cubre los reemplazos que sean necesarios. Las
trabajadoras –solamente trabajan mujeres –, se encargan del buen funcionamiento de la casa
ya sea hacer la comida, procurar las buenas condiciones de vestimenta, limpiar toda la casa,
encargarse de la higiene personal de las más pequeñas, llevarlas a la escuela, darle remedios si
los necesitan, acompañarlas en algún tratamiento si es necesario y llevarlas al doctor.
La casa no alberga en este momento niñas con discapacidades, y las que allí residen son
derivadas directamente de Niñez. Al día de hoy cuentan con la presencia de 7 niñas, entre un
rango de edad de 2 a 9 años. En la actualidad, el hogar no cuenta con acompañantes
terapéuticos debido a que los casos actuales no lo requieren. En el caso que se necesite, desde
Niñez proveen estos profesionales. Crea si cuenta con psicólogos, inclusive la directora del
Hogar es una de ellas.
En la fundación sólo se reciben niñas de 0 a 11 años, que llegan derivados de Niñez. Las
medidas excepcionales tienen una vigencia de seis meses, y dentro de ese período el equipo
correspondiente debe resolver si hay alguna posibilidad de que los menores vuelvan a sus
hogares o a casa de algún familiar (tíos o abuelos) que puedan hacerse cargo. En el caso de que
ninguna de estas opciones sea posible, pasan a adoptabilidad. También puede suceder que se
las derive a otro hogar mixto donde se encuentre algún hermano.
El hogar se sostiene principalmente a través de donaciones. Al pertenecer a la Iglesia
Evangélica pueden acceder a donaciones de fieles, ajenas, y algunas empresas. Otra parte del
sostenimiento económico se da por el convenio que la institución mantiene con el gobierno
provincial.
La situación de Crea dista muchísimo de lo que se denuncia de otros establecimientos. En su
momento, el Hogar del Huérfano, debió cerrar sus puertas por denuncias de abusos. Durante
el conflicto de 2016, los lugares más denunciados fueron el Hotel Callao – al lado del ex club
nocturno La Rosa, hoy clausurado –, la pensión de la Música, y la clínica San Camilo que, a
pesar de estar en provincia de Buenos Aires, albergó a niños santafesinos. De esta última
institución se denunciaron irregularidades cómo maltratos, torturas y abusos sexuales.
Respecto a los hospedajes irregulares y los convenios con privados, los acompañantes
personalizados entrevistados son tajantes: “El Estado debería abrir más instituciones. Cerrar
convenios con privados y distribuir el presupuesto de otra forma”.
Según datos del último informe de Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe (2017) el
39% del total de las instituciones se encuentra en condiciones de sobreocupación, mientras
que el 44% presentaban condiciones de hacinamiento.
En el nodo Santa Fe, más de la mitad de las instituciones presentó condiciones de
sobreocupación y hacinamiento. Por su parte, la situación del nodo Reconquista es una de las
más preocupantes: todas las instituciones se encuentran en condiciones de hacinamiento,
según se consigna.
Por su parte, el 47% de las instituciones se encontraban en estado edilicio regular a malo
(goteras, humedades, instalaciones averiadas, falta de luz natural, entre otras variables
relevadas). El 46% presentaba obras de refacción pendientes, el 17% estaba en procesos de
refacción, y el 44% no contaba con ventiladores.
problemas e irregularidades en la secretaría de niñez. Dos adolescentes institucionalizados que
se presentaron a retirar vales de comida, en la sede rosarina de la Dirección Provincial de
Niñez, Adolescencia y Familia – Ricardone al 1300 – fueron agredidos por fuerzas policiales.
Tanto los acompañantes personalizados que presenciaron la situación, como los mismos
empleados de la Dirección intentaron saltar en defensa de los detenidos, en un disturbio que
terminó con varios detenidos.
El incidente fue la chispa que generó el incendio. A partir de allí, comenzaría una serie de
reclamos por parte de los acompañantes, cómo un acampe de 48 horas frente a niñez, que
pusieron en debate un cúmulo de irregularidades laborales como la precarización laboral, la
existencia de convenios con hostel y lugares de alojamiento privados sospechados de maltrato,
y la visibilización del poco presupuesto asignado a Desarrollo Social.
Acompañantes Personalizados: una historia de precarización
Desde el año 2007, la Dirección Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia cuenta con el
programa de Acompañantes Personalizados. Estos son profesionales que atienden las
necesidades de los niños, adolescentes y familias cuyos derechos fueron vulnerados.
Ante un caso, se ponen a disposición los equipos de la Subsecretaría de niñez que trabajan en
diferentes territorios y consideran, por el momento, la necesidad de incorporar al
acompañante como parte de una estrategia de intervención.
En la ciudad de Rosario el programa cuenta 350 acompañantes que trabajan sin contrato
laboral cobrando unos 98 pesos por hora. Además, deben pagar sus propios viáticos y los de
los jóvenes a los que brindan su ayuda. Su situación es grave y, por lo tanto incide
directamente en la situación de los chicos.
“Ante la urgencia de cada caso es difícil de poder cumplir a la perfección el programa. Se
trabaja administrativamente, lo que es triste porque es un niño, no un objeto”, explicó
Mariana, quien se desenvuelve como AP. Según su testimonio, hay muchísimas
irregularidades: desde el momento en que se contratan acompañantes, hasta el trabajo que
pueden realizar teniendo en cuenta la baja inversión que realiza el Estado y el Gobierno
Provincial con respecto a la Dirección de Niñez.
“El ministerio de trabajo social siempre fue el más pobre. El presupuesto que ingresa está mal
manejado o bien existen intereses diferentes a los de una política pública real. Se termina
haciendo convenios privados, con instituciones evangélicas y católicas, clínicas privadas,
manicomios y demás. Lo más triste de todo es que el Estado lo sabe y lo acepta”, denunció.
Además, los propios acompañantes cuestionan el método de ingreso al programa de AP. No se
requiere ningún tipo de capacitación previa ni evaluaciones correspondientes. Lo que genera
que muchos trabajadores tomen la labor del acompañante como “un trabajo transitorio” y no
se logre generar una conciencia colectiva del trabajo que implica ser acompañante
personalizado. “El AP es la herramienta principal, porque es quien logra hacer el lazo con el
sujeto niño. No podemos olvidarnos de que el niño sufrió una vulneración de sus derechos por
parte de un adulto, por lo que es difícil para él relacionarse con la gente mayor”, relató la
mujer.
A los acompañantes se suman las guardias. A diferencia de los primeros, quienes ejercen esta
labor tienen horarios fijos mensuales. Existen tres franjas horarias: un turno a las seis de la
mañana, otro a las seis de la tarde y otro a la medianoche. Los guardias, están designados para
tomar los casos cuando aparecen sorpresivamente. “Nosotros trabajamos 12 horas,
dependiendo del día. Es como trabajar en catering, te llaman y te toca trabajar. Por ejemplo,
puede ocurrir que te llaman por un niño que está internado en un hospital y tenés que cubrir,
de pronto, un turno de 24 horas, porque tiene que existir la presencia constante de un adulto”,
aclaró Mariana.
Tampoco están claros los criterios de selección para la asignación de trabajos a cada
acompañante. Según explican, para los acompañantes “no hay asignación de horas sino de
situaciones”. Es decir, se elige un acompañante con el perfil o las características necesarias
para abordar los casos que se van presentando. Con lo cual, pueden pasar varios meses sin que
un acompañante sea elegido, o lo contrario, que unos pocos aborden siempre los casos.
En ese sentido, se generaron algunas situaciones irregulares. Luego del conflicto de 2016,
donde los acompañantes lograron unirse y llevar adelante un acampe de 48 horas para
visibilizar la situación, algunos trabajadores denuncian que por varios meses no le asignaron
ningún caso: “Yo estuve tres meses sin trabajo, sin horas. Tres meses. Tuve que volver muy
suave con el programa de acompañantes”, explica una trabajadora. “Algunos estamos
marcados. Saben que no quieren que estemos porque somos los molestos, somos los que
salimos a denunciar”.
Como comentábamos al principio, ni los AP ni quienes cubren las guardias tienen contrato, así
trabajen desde hace más de cinco años, se encuentran en negro. Para cobrar, deben
presentarse en el Banco de Santa Fe con una planilla donde figuran las horas cubiertas. Estos
papeles se presentan del 1 al 5 y recién les depositan el 20. “La lucha por regularizar la
situación es histórica, pero la respuesta es política”, expresó Emiliano, quien trabaja en la
guardia. “Mirá si el gobernador no va a saber que tiene 350 acompañantes y guardias
precarizados”, agregó.
“Tratamos de salir a la calle, hacer cartas y reclamos, pero no hay diálogo. Cuando hacemos
las paritarias, el Consejo Directivo Provincial y los representantes de los gremios, nunca
discuten la situación laboral de los AP. Es más, ambos afirmaron que les están debiendo un 8%
de la recomposición salarial desde el 2016, con respecto a la inflación, y la cláusula gatillo”,
agregó Mariana.
Las sucesivas denuncias de 2016, y la gran visibilidad que tomó la situación, generaron la
renuncia del Subsecretario de Derechos de Niñez, Horacio Coutaz y el ingreso en su lugar d
Andrea Travaini, directora del Instituto Municipal de la Mujer. Además, asumió como
directora del área de Rosario, Claudia Aguilera.
Sin embargo, la situación no ha cambiado. Es más, según Mariana empeoró. Entre las tantas
deficiencias que aún existen en Niñez, se suma el hecho de que ya no se realizan
capacitaciones a los AP cada seis meses y ya no cuentan con la atención personalizada de
psicólogos. “Los psicólogos significan un sostén para nosotros porque imaginate lo que nos
toca ver. ¡Son barbaridades! Yo te puedo contar casos tristísimos. La cantidad de casos sin
resolver por parte de la Justicia, hay muchísimos abusos y los violadores siguen sueltos en el
barrio. ¡Son cosas terribles! Hay casos tan terribles, que todos dicen: soñá pibe. Y… ¿¡que van
a soñar con todas las situaciones que viven!? Nada se soluciona si no hay un acompañamiento
un trabajo humanitario”, cerró Mariana.
Incumplimiento de la ley de niñez
2009 por la adhesión de Santa Fe a la ley nacional. La ley 12967 de Promoción y Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (1), pondera el resguardo de los
derechos y garantías a la población menor a 18 años. Por tal, en caso que se produzca una
vulneración de derechos, el Estado por medio de la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y
Familia es quien debe actuar.
Existen dos tipos de medidas cuando se produce la vulneración de un derecho: medidas
integrales y excepcionales. Las medidas de protección integral son aquellas que se aplican
“ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de una o varias niñas, niños o
adolescentes individualmente considerados, para preservar o restituir a los mismos el goce y
ejercicio de los derechos amenazados o vulnerados o la reparación de sus consecuencias”. Es
decir, el equipo trabaja, apoya y acompaña para que se revierta esa situación de vulneración.
Las medidas integrales en ningún caso generan la separación de la familia nuclear, ampliada o
con quienes el niño, niña o adolescente mantenga lazos afectivos. En caso de que aquellas
situaciones impliquen una amenaza o vulneración de sus derechos, deben adoptarse medidas
de protección excepcional.
Las medidas de protección excepcional, son definidas legalmente como “medidas subsidiarias
y temporales que importan la privación de la niña, niño o adolescente del medio familiar o de
su centro de vida en el que se encuentra cuando el interés superior de éstos así lo requiera”.
En este sentido, sí se retira al niño del entorno familiar y pasa a estar a cargo del Estado.
Pero las medidas excepcionales son el último recurso que prevé el Estado. La ley apuesta a la
prevención para tratar de evitar que se genere la vulneración de derechos. Para eso, crea los
Servicios Locales de Promoción y Protección y los Centros de Acción Familiar, que constituyen
el primer nivel de intervención. Los mismos deben contar con equipos profesionales
interdisciplinarios que se encarguen de adoptar y aplicar las medidas de protección integral
desempeñando las funciones de facilitar que las niñas, niños o adolescentes violados de sus
derechos puedan acceder a programas y planes disponibles en su comunidad. Son los primeros
que deben actuar y conforman la pata territorial de la ley. Sin embargo, recién en 2018 se
avanzó con la creación del Servicio Local en Rosario: una de las partes más importantes de la
ley, tardó diez años en implementarse.
Otro de los grandes avances de la ley, es el cambio de paradigma en cuanto al reconocimiento
del niño. Anteriormente, bajo la ley 10.903 de Patronato de Menores, el niño era considerado
como un objeto en poder del padre, donde ni siquiera se contemplaba la figura de la madre. A
partir de la ley “cambia el paradigma y ven al niño sujeto”, y a éste último comienza a tener
poder de decisión, explica Mariana.
En palabras de la secretaria general de la Escuela de la Magistratura de Salta, Dra. Claudina
Xamena (2) “ la ley 26.061 puso fin al patronato de menores, en el orden nacional y provincial,
al derogar la ley 10.903 que imponía en cabeza de los jueces la protección de los menores,
atendiendo a su salud, seguridad, educación moral e intelectual del menor, proveyendo a su
tutela.” Bajo esta legislación, los niños quedaban bajo la tutela del juez de familia, quien era el
encargado de velar por su integral protección. A partir de la nueva ley, se generan distintas
instituciones y niveles para que el niño también pueda decidir.
Análisis presupuestario
Esta semana el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, en conjunto con el ministro de
Reforma de Estado, Pablo Farías, presentaron el proyecto de presupuesto 2019 que será
debatido en la legislatura, en las sesiones que restan del año.
El presupuesto está caracterizado por los recortes anunciados desde Nación, y la nula
intención por parte del gobierno de Mauricio Macri de comenzar a pagar la histórica deuda
con la provincia. “Como esa deuda no aparece en el presupuesto nacional, nosotros no
podemos incluirlo, ni siquiera como un recurso para el año 2019, y esto realmente nos
preocupa”, expresó Farías.
No obstante, frente a ese contexto adverso, los ministros remarcaron que, a diferencia de lo
que sucede a nivel nacional, el presupuesto santafesino sigue apostando a la obra pública y
refuerza las partidas que tocan las áreas más sensibles. En ese sentido, se destacaron las
partidas asignadas a Educación y Seguridad como las más beneficiadas, siguiéndoles Salud y
Desarrollo Social en orden de jerarquía.
Si bien aún los datos no se hicieron públicos, desde el gobierno provincial aseguran un fuerte
respaldo – en un contexto de crisis – para Desarrollo Social. Analicemos cómo fue la evolución
de este ministerio desde 2015 y su comparación con otras áreas.
Según los distintos presupuestos que se encuentran en la página oficial del gobierno (3), de
2016 a 2017 hubo un fuerte aumento en Desarrollo Social de casi 10 puntos. Sin embargo, de
2017 a 2018, el crecimiento porcentual experimentó una caída de casi 20%. Siguiendo el
presupuesto plurianual de 2018 la partida no experimentaría subidas sustanciales durante los
próximos dos años: 7% y 9% respectivamente.
(*) Presupuesto Plurianual establecido por ley 25.917 Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal que adhirió Santa Fe por Ley 12.402
Algo que reclaman tanto los Acompañantes Personalizados, como también distintoslegisladores y dirigentes políticos es la poca participación que significa lo asignado a Desarrollo
Social en comparación con el Gasto total. En 2018 representó tan sólo el 1,44%, y eso no es
todo: desde 2015 la participación fue disminuyendo un 0,11%.
Ahora, si bien las partidas evolucionan año a año de manera nominal, en muchos casos
terminan perdiendo en términos reales contra la inflación. Es la discusión que muchos gremios
ponen sobre la mesa a la hora de discutir paritarias. Por eso, si llevamos el presupuesto 2018 a
pesos del año 2015 – ver anexo – vemos que en términos reales, hay una diferencia de más del
50% entre lo asignado nominalmente, y el valor calculado en moneda de 2015 (Según IPC
santafesino) (4).
Una particularidad se destaca cuando se ve lo destinado a Desarrollo Social en comparación
con el dinero asignado a los poderes del Estado. Mientras que a Desarrollo Social se le
asignaron $2.772.068.000 en 2018, para el funcionamiento de ambas cámaras de la legislatura
se destinaron $3.203.740.000: $431.672.000 más. La diferencia es tres veces lo asignado a
Ciencia y Tecnología, y el doble de lo destinado a Medio Ambiente.
La situación se agudiza si contrastamos esos números con los del Poder Judicial. Unos
$6.883.481.000 se destinaran al funcionamiento de la justicia; $4.111.413.000 más que
Desarrollo Social. Abismal diferencia.
En comparación con las áreas que destacaban los ministros Saglione y Farías – Seguridad yEducación –, Desarrollo Social queda bastante relegada. Vale la aclaración de que la apuesta –
al menos presupuestaria – por parte del gobierno socialista en lo que refiere a Educación, es
destacable.
*Para consultar las fuentes estadísticas revisar anexo*
Lugares de acogida: malas condiciones y niños en hostels privados
El colapso en el área de niñez es de tal magnitud que el gobierno comenzó a realizar convenios
con privados para poder albergar a los jóvenes. La situación, en un comienzo paliativa, nunca
se terminó de resolver, según denuncian los trabajadores.
Mariana explicó que los hogares del estado son muy pocos y el resto está tercerizado, “son
privados y casi vienen de una pata de la iglesia”. Ese es el caso de la “Fundación Crea”, una
ONG de carácter privado que pertenece a la Iglesia Evangélica, y sólo trabaja con niñas.
Pudimos hablar con una de las colaboradoras, Micaela Martino, que allí trabaja y nos contó un
poco más sobre sus tareas.
Micaela trabaja unas 71 horas semanales y cubre los reemplazos que sean necesarios. Las
trabajadoras –solamente trabajan mujeres –, se encargan del buen funcionamiento de la casa
ya sea hacer la comida, procurar las buenas condiciones de vestimenta, limpiar toda la casa,
encargarse de la higiene personal de las más pequeñas, llevarlas a la escuela, darle remedios si
los necesitan, acompañarlas en algún tratamiento si es necesario y llevarlas al doctor.
La casa no alberga en este momento niñas con discapacidades, y las que allí residen son
derivadas directamente de Niñez. Al día de hoy cuentan con la presencia de 7 niñas, entre un
rango de edad de 2 a 9 años. En la actualidad, el hogar no cuenta con acompañantes
terapéuticos debido a que los casos actuales no lo requieren. En el caso que se necesite, desde
Niñez proveen estos profesionales. Crea si cuenta con psicólogos, inclusive la directora del
Hogar es una de ellas.
En la fundación sólo se reciben niñas de 0 a 11 años, que llegan derivados de Niñez. Las
medidas excepcionales tienen una vigencia de seis meses, y dentro de ese período el equipo
correspondiente debe resolver si hay alguna posibilidad de que los menores vuelvan a sus
hogares o a casa de algún familiar (tíos o abuelos) que puedan hacerse cargo. En el caso de que
ninguna de estas opciones sea posible, pasan a adoptabilidad. También puede suceder que se
las derive a otro hogar mixto donde se encuentre algún hermano.
El hogar se sostiene principalmente a través de donaciones. Al pertenecer a la Iglesia
Evangélica pueden acceder a donaciones de fieles, ajenas, y algunas empresas. Otra parte del
sostenimiento económico se da por el convenio que la institución mantiene con el gobierno
provincial.
La situación de Crea dista muchísimo de lo que se denuncia de otros establecimientos. En su
momento, el Hogar del Huérfano, debió cerrar sus puertas por denuncias de abusos. Durante
el conflicto de 2016, los lugares más denunciados fueron el Hotel Callao – al lado del ex club
nocturno La Rosa, hoy clausurado –, la pensión de la Música, y la clínica San Camilo que, a
pesar de estar en provincia de Buenos Aires, albergó a niños santafesinos. De esta última
institución se denunciaron irregularidades cómo maltratos, torturas y abusos sexuales.
Respecto a los hospedajes irregulares y los convenios con privados, los acompañantes
personalizados entrevistados son tajantes: “El Estado debería abrir más instituciones. Cerrar
convenios con privados y distribuir el presupuesto de otra forma”.
Según datos del último informe de Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe (2017) el
39% del total de las instituciones se encuentra en condiciones de sobreocupación, mientras
que el 44% presentaban condiciones de hacinamiento.
En el nodo Santa Fe, más de la mitad de las instituciones presentó condiciones de
sobreocupación y hacinamiento. Por su parte, la situación del nodo Reconquista es una de las
más preocupantes: todas las instituciones se encuentran en condiciones de hacinamiento,
según se consigna.
Por su parte, el 47% de las instituciones se encontraban en estado edilicio regular a malo
(goteras, humedades, instalaciones averiadas, falta de luz natural, entre otras variables
relevadas). El 46% presentaba obras de refacción pendientes, el 17% estaba en procesos de
refacción, y el 44% no contaba con ventiladores.
FUENTES/ BIBLIOGRAFÍA
(1) Ley provincial 12967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes: https://bit.ly/2RddGXJ
(2) Escuela Magistratura de Salta: https://bit.ly/2FGEHBC
(3) Página web oficial del Gobierno de Santa Fe/ Presupuestos: https://bit.ly/2KuShHc
(4) Página web oficial del Gobierno de Santa Fe / IPEC: https://bit.ly/2BuiLWa
* Las fuentes no referenciadas son a través de entrevistas realizadas con el equipo de
Acompañantes Personalizados.
Gráficos varios y explicación de su armado https://docs.google.com/document/d/1XPpvuyGCy9zZati_xz7J_ArLxQkHxUqJGSN0ydrzKjE/edit
Comentarios
Publicar un comentario